Cusco para por el Patrimonio Cultural de Perú.

Luego de dos días de paro, el pueblo cusqueño logró que los congresistas derogaran el Decreto Ley nº 1198, que habilitaba a concesionar a entidades privadas y/o públicas la gestión de una parte del Patrimonio Cultural de Perú.

Tras una masiva protesta protagonizada por diversas organizaciones y sindicatos este 21 y 22 de octubre, el Congreso de la Nación de Perú eliminó el Decreto Legislativo 1198. El mismo, firmado el mes pasado por el actual presidente Ollanta Humala, venía a modificar la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación permitiendo al Ministerio de Cultura entregar a entidades públicas y/o privadas, mediante “Convenios de Gestión Cultural”, el Patrimonio Cultural de Perú. Si bien el mismo excluía los sitios declarados como Patrimonio Mundial, tal como Machu Picchu y el Centro Histórico de la ciudad, los cusqueños no tardaron en manifestar su profundo rechazo ya que, como indicó Juan Manuel Chara Mendoza, periodista cusqueño, “hay muchos monumentos arqueológicos que no están en el listado y esos sí podrán ser intervenidos”. Tal es el caso de ruinas arqueológicas incas como Ollantaytambo, Sacsayhuaman o Pisac.
Si bien la ministra de Cultura, Diana Alvarez-Calderón, declaró el primer día de paro que el Decreto “ no privatiza, no concesiona, ni presenta una asociación pública privada en zonas arqueológicas, sino solo es un modelo de gestión ”, no alcanzó para que Cusco renunciara a su protesta. Por el contrario, el paro contó con el apoyo de funcionarios regionales así como de diversos sectores de la ciudad. Carlos Moscoso, alcalde de la ciudad de Cusco, declaró ante la Plaza de Armas colmada que la “exigencia es la derogación total del decreto legislativo 1198. Cualquier medida parcial, como la exclusión de Cusco, no es suficiente” ya que, como “herederos del patrimonio Inca, ellos -en referencia a los limeños- jamás van a comprender el compromiso que tenemos con nuestra cultura”. El gobernador regional del Cusco, Edwín Licona, junto a 16 alcaldes provinciales y distritales, emitió un comunicado donde detallan: “Nos solidarizamos y respaldamos las medidas adoptadas por la Asamblea Popular del Cusco exhortando a mantener una actitud firme y responsable en la implementación de las acciones de lucha a desarrollarse los días 21 y 22 de octubre”.

El apoyo del sector trabajador fue de un gran acatamiento. Tanto la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC), que nuclea a los gremios más importantes de la región, diferentes sindicatos y asociaciones como agrupaciones indígenas, diversos distritos, asociaciones campesinas y organizaciones turísticas como la de Operadores Turísticos Tradicionales de Cusco, marcharon el miércoles 21 y jueves 22 de este mes en rechazo al Decreto. El Secretario General de la FDTC, Wildfredo Alvarez, también instó como única opción posible la eliminación de la medida. “Están atentando contra nuestra historia y cultura. Ellos – los limeños- no saben de historia”, dijo. Y llamó a estar atentos a los dobles discursos políticos en referencia al gobernador regional de Cusco, Edwin Licona, a quien acusó de haber estado al tanto del decreto antes de la firma presidencial.
Durante las mañanas del 21 y 22 pudieron verse diversos carteles con incripciones como “Ollanta vende a tu mujer, no a tu patria”, “Cusco es maravilla, no es mercancía” así como también aquel que pedía la renuncia de la ministra de Cultura Diana Alvarez-Calderón. Un ataúd con la imagen de la primera dama que fue quemado y pateado por los manisfestantes se llevó gran parte de la arenga de los presentes.
La protesta, que contó con trabajadores de los mercados centrales, los Colegios de Abogados, Antropólogos, Arquéologos, diversas gerencias de la gobernación regional de Cusco, la Unidad Sindical Clasista, entre varios otros, vino a dejar en escena un claro desacuerdo con las políticas culturales y turísticas a nivel nacional consideradas privatizadoras de lo que “es del pueblo.” Fray Edesa de CoRePro (Colegio Regional de Profesionales) declaró en este sentido que “al pedir la derogatoria estamos pensando en el país, para garantizar nuevas políticas culturales”.
Debe tenerse en cuenta que, actualmente, Perú Rail (único medio para llegar a la ciudadela de Machu Picchu) es operado por capitales ingleses y chilenos desde el año 1999 en el que el ex presidente Fujimori firmó la concesión por 30 años. También han obtenido la concesión del reconocido hotel Monasterio y del Machu Picchu Sanctuary Lodge, ubicado a la entrada de la ciudadela inca. Desde entonces, se realizaron diversas denuncias y declaraciones por la mala administración de los recursos y el incumplimiento de los contratos por parte de los concesionarios. En 2007, el entonces presidente Regional del Cusco, Hugo Gonzales Sayán, denunció que las “malas privatizaciones y concesiones realizadas llevaron a que la ciudad imperial deje de percibir entre 500 y 700 millones de dólares en los últimos diez años”. Chara Mendoza, explicó que, además, “no han cumplido con, por ejemplo, la compra de locomotoras. Y los boletos suben cada año y ellos no hacen nada, no invierten.”
El decreto 1198 fue derogado por mayoría en sesión extraordinaria en la noche del segundo día de paro. Ramón Kobashigawa (FP), presidente de la Comisión de Cultura, propuso eliminar a Cusco del alcance de la norma por ser el centro de las protestas. Sin embargo, no tuvo apoyo alguno por lo que la votación por la eliminación total de la norma, que afectaba a nivel nacional, fue igual de contundente como las protestas.

Lucila Matteucci para Notas Periodismo popular.

24 de octubre de 2015, Cusco, Perú.

Fotos Lucila Matteucci.

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